Por: Astrid Navarro Rodriguez y Henry Luis Pérez Guzmán
Hablar del Estado Social de Derecho no es repetir una fórmula jurídica más. Es poner en el centro del debate una idea poderosa: que el Estado no puede limitarse a administrar la ley desde una torre de marfil, sino que debe garantizar condiciones reales para la dignidad humana, la equidad y la justicia social. En Colombia, esta aspiración se consagró en la Constitución de 1991, pero aún estamos lejos de verla cumplida.
En su forma más pura, el Estado Social de Derecho reconoce que la igualdad no es solo formal. No basta con que todos seamos «iguales ante la ley» si en la práctica hay niños que mueren de hambre, regiones enteras sin acceso a justicia, y comunidades sin voz en las decisiones que las afectan. Lo social exige acciones concretas: salud, educación, trabajo digno, participación efectiva, y, sobre todo, presencia estatal real donde hoy hay abandono.
No se trata de nostalgia por modelos asistencialistas. El origen del Estado social moderno, como el que surgió en Alemania tras la crisis del liberalismo decimonónico y luego con las políticas keynesianas, demuestra que solo un Estado con capacidad de intervención y planificación puede corregir las fallas de un mercado salvaje. En Colombia, sin embargo, el discurso social convive con prácticas neoliberales que desfinancian lo público, favorecen a grandes capitales y privatizan derechos.
Peor aún: la promesa constitucional se ve socavada por una cultura institucional débil, una ciudadanía fragmentada y unas élites que aún se resisten a compartir poder. La democracia representativa se agota, y aunque se ha abierto paso a formas participativas, seguimos lejos de una democracia que escuche y transforme.
Frente a esto, propongo pensar un nuevo modelo de Estado que articule cinco claves: soberanía constitucional efectiva, democracia participativa real, reconocimiento plurinacional, justicia ambiental, y economía solidaria. No es una utopía: son elementos que ya existen en experiencias como Bolivia, en algunos fallos judiciales colombianos y en la resistencia organizada de comunidades diversas.
El problema no es la Constitución del 91. El problema es que no la hemos cumplido. Si queremos rescatar el espíritu del Estado Social de Derecho, tenemos que dejar de verlo como un simple texto y asumirlo como una hoja de ruta política, ética y práctica.
Urge una reforma profunda, no solo legal, sino cultural. Necesitamos un Estado que esté donde más se le necesita, que escuche antes de imponer, y que transforme la ley en bienestar. No por caridad, sino por justicia. Ese es el verdadero reto de nuestro tiempo.
*Esta columna fue escrita con base en reflexiones sobre el constitucionalismo social contemporáneo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el artículo “Del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho” de Rodríguez e Ibarra (2008).
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